Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO.-
Desde hace muchos años, la relación comercial entre República Dominicana y Estados Unidos ha sido vital para ambos países. Este vínculo no solo ha fomentado el intercambio económico, sino que también ha fortalecido los lazos diplomáticos, permitiendo beneficios mutuos en diversas áreas.
Los gobiernos tienen la prerrogativa de decidir con quién y cómo desean establecer alianzas comerciales y diplomáticas. Esta capacidad de decisión es esencial para promover los intereses nacionales y buscar oportunidades que beneficien a sus ciudadanos.
Sin embargo, es importante que los funcionarios públicos respeten y se alineen con las decisiones del presidente, ya que sus declaraciones deben reflejar la posición oficial del gobierno en temas de política internacional.
Recientemente, las declaraciones de Miguel Mejía, funcionario del gobierno dominicano, han generado controversia. Mejía expresó la posición del presidente Luis Abinader de no reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio. Según Mejía, esta decisión se basa en el argumento de que dichos resultados no reflejan un proceso justo y transparente, y podrían beneficiar a fuerzas que considera vinculadas a los norteamericanos.
Es importante reflexionar sobre la objetividad de tales declaraciones. Si bien es legítimo que un gobierno tome posición en temas internacionales en función de sus principios y valores, es crucial que estas decisiones estén fundamentadas en análisis imparciales y respetuosos de la soberanía de otros países. Además, las declaraciones de los funcionarios no deben contradecir o distorsionar la visión expresada por el presidente, ya que esto puede generar confusión y debilitar la coherencia en la política exterior del país.
Las acusaciones de Mejía sobre una supuesta influencia indebida de los norteamericanos en la política venezolana plantean preguntas sobre la independencia y la autodeterminación de los Estados. La transparencia y la objetividad deben ser pilares fundamentales en las relaciones internacionales, especialmente cuando se trata de temas sensibles como los procesos electorales y la autogestión de los pueblos.
Finalmente, es esencial que las decisiones y declaraciones de los funcionarios públicos reflejen un compromiso con la verdad, la justicia y el respeto por las normas internacionales. Las relaciones entre países deben construirse sobre bases sólidas de entendimiento mutuo y respeto a la autodeterminación, evitando interpretaciones sesgadas que puedan afectar la estabilidad y la confianza entre naciones. Asimismo, los funcionarios deben mantener una postura alineada con la del presidente, garantizando que la política exterior del país sea clara, coherente y respetuosa.